Brasil es un país clave para la protección del medio ambiente a nivel mundial. Sólo la tala de la selva tropical supone alrededor de la mitad de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero generadas en el país sudamericano, que ocupa el quinto lugar del mundo en emisiones de CO2.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende reducir la deforestación de la selva tropical amazónica en un 80% hasta el año 2020. Sin embargo, Lula considera que la principal responsabilidad en el impulso de una política medioambiental eficaz recae en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así se expresó el mandatario brasileño en el marco de un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, tras el fracaso de la conferencia internacional sobre el clima de Copenhague. La ONU es, según Lula, el foro adecuado para debatir sobre el cambio climático.
Prueba de fuego para la protección del medio ambiente
A principios del pasado mes de febrero, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), autorizó la construcción de la macrocentral hidroeléctrica de Belo Monte, en plena selva amazónica. Con una capacidad de 11.000 megavatios de potencia, la instalación se convertirá en la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo. Tan sólo por detrás de la presa de las Tres Gargantas, en China, y de la brasileña-paraguaya Itaipú.
Tanto los habitantes de la zona como las organizaciones ecologistas rechazan ubicar la presa en el estado federado de Pará. También el Ministerio de Justicia de la región se opone al macroproyecto. Pese a todo, hasta la fecha el gobierno ha conseguido imponer su voluntad e impulsa con todas sus fuerzas una instalación que costará miles de millones de euros. Está previsto que la construcción de la presa comience a ejecutarse en 2010, año electoral en Brasil. Para ello, será necesario realojar a unos 20.000 habitantes de la zona e inundar 516 kilómetros cuadrados de selva tropical.
Perjuicio para el "aire acondicionado" del mundo
Pese a las reiteradas declaraciones de buena voluntad del gobierno de Lula da Silva respecto a la necesidad de proteger la selva tropical y el medio ambiente a nivel mundial, la deforestación prosigue. La superficie forestal cede ante la necesidad de destinar terrenos a la agricultura y la ganadería. La carne de vacuno destinada a la producción de hamburguesas para los restaurantes de comida rápida constituye uno de los puntales de las exportaciones de la economía brasileña. Intereses económicos que han llevado a Brasil a sacrificar 26.000 kilómetros cuadrados de selva anuales durante la pasada década, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La deforestación supone una gran perjuicio para el "mayor aire acondicionado del mundo", como denominan los ecologistas a la selva tropical: la siempre húmeda jungla amazónica captura la energía solar y la transforma en una enorme cantidad de vapor de agua. Las nubes que se generan mantienen el ciclo hidrológico y enfrían el clima mundial. La deforestación, en cambio, provoca un efecto opuesto: se liberan grandes cantidades de carbono que, en unión con el oxígeno, se transforman en dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global.
Turbio balance y un rayo de esperanza
Las leyes de protección del medio ambiente promulgadas hasta la fecha en Brasil apenas han conseguido frenar la devastación de la selva tropical. Así lo ha constatado la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ, por las siglas en alemán). Han desaparecido ya cerca de 680.000 kilómetros cuadrados de selva –el 17% de la superficie original-. Tan sólo se conserva un 7% de la superficie de selva tropical a lo largo de la costa del Océano Atlántico.
En este contexto, el proyecto "Amazon Region Protected Area" (ARPA) supone un rayo de esperanza. Un programa de protección que cuenta también con el apoyo de Alemania y que fue fundado por el predecesor de Lula al frente del gobierno brasileño, Fernando Henrique Cardoso. En 1998, el mandatario se comprometió ante la comunidad internacional a proteger de forma estricta el 12% de la selva tropical en el horizonte de 2012. Un objetivo que posteriormente se retrasó hasta 2016. Hasta entonces, 600.000 kilómetros cuadrados de selva deberán ser declarados espacios naturales protegidos.
De momento, alrededor de 390.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica brasileña forman parte ya del conjunto de áreas naturales protegidas por el gobierno federal. Según datos de la GTZ, tan sólo la mitad de esa superficie –apenas el 4% de la selva amazónica- se halla estrictamente protegida. Una cifra demasiado escasa, según la GTZ. Los críticos, además, atribuyen a la crisis económica global el hecho de que 2009 se alcanzara mínimo nivel de deforestación. "La demanda de carne de vacuno, soja y madera ha caído de forma drástica", explica el ecologista Paulo Adário, de Greenpeace. El descenso de la deforestación responde sólo en parte a una mayor conciencia medioambiental. Lo que, en el peor de los casos, se traduciría en un nuevo aumento de la deforestación en cuanto la economía mundial se recupere y, con ello, el mercado exportador brasileño.
Info www.clarin.com.ar
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