Argentina se encuentra en emergencia forestal: ya perdimos el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Frente a esta preocupante situación, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja, el Diputado Miguel Bonasso, presentó en junio de 2006 el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Dicho proyecto tomó forma luego de un amplio debate en el seno de la Comisión, y contó con el aporte de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina.
En marzo de 2007 obtuvo finalmente su aprobación en la Cámara de Diputados, a pesar de la férrea oposición de algunos diputados de las provincias del norte.
Luego la ley pasó a la Cámara de Senadores, donde fue girada a 6 comisiones para su tratamiento. Allí comenzó un lento proceso donde los representantes de las provincias que se oponían a la norma buscaron obstaculizarla.
Greenpeace y más de treinta organizaciones sociales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, demostrando un alto nivel de consenso social.
Así, los senadores retomaron el tratamiento de la norma sobre un texto que recuperaba los principales puntos del proyecto aprobado en Diputados:
- Moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos participativo.
- Obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte.
- Respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan.
- Prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos.
Además, a la ley se le sumaron fondos de fomento para la protección de los bosques nativos y para las actividades que realicen un desarrollo sustentable.
Finalmente, el nuevo texto aprobado por la Cámara de Senadores el 21 de noviembre de 2007, fue tratado y aprobado por Diputados una semana después, convirtiéndose en Ley.
Recién en febrero de 2009 el Poder Ejecutivo reglamentó la ley, tras el reclamo de más de 70 organizaciones sociales y de que durante casi dos meses recibieran de gente de todo el país más de mil llamadas telefónicas por día mediante el Teléfono Rojo de Greenpeace. Sin dudas el trágico alud en Tartagal, provocado en gran medida por la deforestación, aceleró la reglamentación de la norma.
La sanción de la Ley de Bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, constituyendo una herramienta esencial para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina.
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